- El Gobierno de México confirmó la existencia de desvío de medicinas para venderlos de forma ilegal en establecimientos particulares y tianguis; las autoridades implementarán mecanismos de trazabilidad y nuevos etiquetados para frenar el robo de tratamientos
La Secretaría de Salud admitió la existencia de casos documentados sobre el desvío de medicamentos gratuitos del sector público para su posterior venta ilícita en tianguis y farmacias privadas, por lo que el Gobierno de México prepara un sistema digital de trazabilidad que permitirá rastrear el origen, el trayecto y el destino de cada tratamiento médico.
Los medicamentos que tienen como fin entregarse sin costo a los pacientes de hospitales y de los centros de salud públicos terminan a la venta, incluso en las zonas aledañas a las propias unidades médicas.
Ante esta situación, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark reconoció el problema de las medicinas desviadas de hospitales públicos, aunque hasta el momento no ha informado la cifra exacta de los casos detectados en el país.
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Buscan cerrar espacios a desvío de medicinas
Durante la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbam, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark explicó que el objetivo del gobierno consiste en cerrar los espacios que permiten sustracciones de los medicamentos adquiridos con recursos públicos.
Aclaró que estas acciones no significan que el personal médico o de enfermería cargue con la responsabilidad general del desabasto en las instituciones.
“No, nunca diría que los médicos o las enfermeras o el personal de salud son responsables del desabasto”, afirmó Eduardo Clark, quien reconoció que las autoridades deben investigar las conductas individuales.
Asimismo, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Salud, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark detalló que para garantizar todos los medicamentos e insumos médicos que se requieren para 2027-2028 se están comprando cerca de 6 mil millones de piezas.
Además de que se subrogaba la distribución y las farmacias dentro de los hospitales públicos.
Ante esto, señaló que los contratos fueron modificados y hoy se paga 32 por ciento menos y se movilizan hasta 40 por ciento más piezas que antes.
De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Salud, durante los procesos de compra se han encontrado contratos con sobrecostos, particularmente en la distribución.
“Ejemplo de ello —el cual está bajo investigación— en el Estado de México con un contrato que entre 2022 y 2023 sumó cerca de mil 700 millones de pesos”, indicó el comunicado.
Rastrearán medicamentos de alto costo
Como parte de la estrategia gubernamental, las autoridades sumarán un proyecto de digitalización del sistema de salud.
De acuerdo con el subsecretario Clark, esta plataforma permitirá conocer la procedencia de cada medicamento, el lote al que pertenece y el destino final.
El propósito de este mecanismo de trazabilidad es identificar los posibles desvíos durante las fases de distribución y de entrega.
Esta vigilancia resultará primordial para los tratamientos de alto costo. El subsecretario detalló que el sector público adquiere medicinas con precios que superan los 200 mil pesos por caja, por lo que las nuevas herramientas identificarán exactamente a qué paciente se entregó cada paquete.
Con esta información, las autoridades detectarán irregularidades cuando un producto institucional aparezca fuera de la red pública.
Etiquetado visible para combatir venta ilegal
Otra de las medidas radica en la modificación de los empaques destinados al sector público. Eduardo Clark indicó que los envoltorios actuales muestran advertencias poco visibles.
Por ello, las autoridades incorporarán la leyenda “La salud es un derecho, medicamento gratuito”, con el fin de facilitar que cualquier persona reconozca la prohibición de su venta.
Con esta alerta visual, el gobierno pretende que los pacientes identifiquen sus derechos y perciban posibles irregularidades.
El subsecretario de Salud pidió a la población que reporte ante las autoridades cualquier situación donde encuentren estas medicinas en establecimientos privados o en mercados sobre ruedas.
Esta estrategia busca obstaculizar la comercialización ilegal de tratamientos, aunque la dependencia reconoce que por sí sola no garantiza la desaparición total de estas prácticas ilícitas.