- La expresidenta del INE, Guadalupe Taddei y los hermanos Hernández Casillas estuvieron al frente de la red de corrupción para controlar el coyotaje de material electoral con funcionarios locales desde 2014; el esquema presuntamente se expandió al INE bajo la gestión de Guadalupe Taddei
Los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas presuntamente tejieron una red de corrupción para acaparar la impresión de materiales electorales en distintos organismos del país, al menos desde 2014, cuando Guadalupe Taddei era consejera presidenta de Sonora.
De acuerdo con El Universal, cuando Guadalupe Taddei llegó a la presidencia del Instituto Estatal Electoral (IEE) de Sonora, en 2014, los hermanos Hernández Casillas ya tenían el monopolio de coyotaje entre organismos electorales locales del país y su ambición los había llevado a pactar negocios con funcionarios más visibles.
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Red de corrupción de Taddei y los hermanos Hernández
El diario que citó a una fuente reveló que “ellos estaban atentos, pescando a ver qué OPLE cambiaba de presidente y se acercaban a los funcionarios a ofrecerles el negocio: que les dieran los contratos a cambio de una comisión bastante considerable, o casas o coches”.
Los intermediarios ofrecían tratos comerciales “a funcionarios de mediano rango” en los organismos públicos locales electorales, a quienes entregaban comisiones, casas o vehículos a cambio de asegurar los contratos.
El esquema de intermediación operó con autoridades menores hasta que Guadalupe Taddei asumió la presidencia del Instituto Estatal Electoral de Sonora en 2014.
Las fuentes señalaron que la funcionaria presuntamente tomó el control de las negociaciones y, posteriormente, integró a los implicados a la estructura del INE en 2023.
Uno de los enlaces principales en esta red es Jesús Octavio García González, excoordinador de asesores en el organismo electoral de Veracruz, quien conoció a Taddei durante su paso por el Servicio Profesional Electoral y facilitó acuerdos con los intermediarios.
Simulación de competencia
La investigación detalla que la familia Carranza Sordo, fundadora de Formas Finas y Materiales en 1997, se alió inicialmente con los Hernández Casillas para pactar precios bajos de impresión de los materiales electorales y “ceder sobornos considerables” con los organismos locales electorales.
Posteriormente, los hermanos incorporaron a la empresa Cajas Graf y comenzaron a subcontratar a otras imprentas, a las cuales exigían inflar las facturas para mantener el flujo de trabajo continuo.
A partir de 2011, los hermanos Hernández Casillas crearon empresas con prestanombres para simular competencia en las licitaciones públicas.
De esta forma, constituyeron firmas como Corporativo Zeg, Comercializadora JVLY y Seriplast de México, con las cuales ofrecían precios por debajo del mercado para asegurar las adjudicaciones.
Las fuentes explicaron que la red incrementó sus exigencias económicas con el paso de los años. Mientras al inicio solicitaban un cinco por ciento de comisión, para las elecciones recientes llegaron a exigir entre el 20 y el 30 por ciento del total de la factura a los impresores reales.
Contratos millonarios
Para el proceso electoral de 2021, las empresas vinculadas a esta red obtuvieron más de mil millones de pesos mediante el esquema de adjudicaciones simuladas.
El reportaje destaca que el negocio continuó su crecimiento rumbo a la elección judicial de 2025, periodo en el que el INE y diversos organismos estatales otorgaron casi 200 millones de pesos a estas compañías.
Esta expansión coincidió con la llegada de Jesús Octavio García González a la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, área que redujo las licitaciones públicas a menos de la mitad y priorizó las adjudicaciones directas.
Las presuntas irregularidades detonaron denuncias al interior de Talleres Gráficos de México.
Arturo Chávez, entonces director de la dependencia, detectó el esquema de sobornos y advirtió a los proveedores subcontratados que sancionaría a sus empresas si entregaban dinero a sus colaboradores.
Finalmente, empresas del gremio impresor presentaron quejas formales y cartas enviadas al gobierno federal por las simulaciones de concursos y los contratos millonarios.