- Familiares de los 43 de Ayotzinapa y estudiantes normalistas protestaron afuera de la sede de la CNDH luego de que el organismo emitiera una recomendación donde descarta la responsabilidad institucional de las Fuerzas Armadas en la desaparición de los jóvenes la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala
Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos recriminaron a Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por haber emitido una recomendación en la que exculpa al Ejército de su participación en los hechos de la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Acompañados por estudiantes normalistas, los familiares realizaron una protesta durante varias horas a las afueras de la sede Héctor Fix Zamudio de la CNDH, a un costado de Periférico en la Ciudad de México. Desde ese punto, los manifestantes recriminaron el actuar de la titular del organismo autónomo frente al caso.
Las movilizaciones ocurren tras la publicación de un informe oficial del organismo de derechos humanos que evalúa la participación militar durante la noche en que los jóvenes fueron atacados y posteriormente desaparecidos.
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Recomendación sobre los 43 de Ayotzinapa
El origen del reclamo se centra en la Recomendación 208/2026VG, en la cual la CNDH concluyó que la actuación castrense se limitó a omisiones individuales y descartó una responsabilidad institucional por parte de las Fuerzas Armadas, de acuerdo con datos públicos del caso.
En dicho documento, la Secretaría de la Defensa Nacional no figura como autoridad destinataria de la recomendación, a pesar de que la Fiscalía General de la República mantiene procesos penales abiertos contra al menos 20 militares por su presunta participación en los hechos.
Asimismo, representantes políticos y organizaciones civiles han señalado que el informe de la CNDH desacredita las investigaciones previas realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de la Comisión para la Verdad, instancias que documentaron el nivel de monitoreo que las autoridades mantuvieron sobre los estudiantes.
De acuerdo con los hallazgos del GIEI citados en el expediente, las estructuras militares mantuvieron un seguimiento total la noche de los hechos sin desplegar un operativo de protección, y confirmaron la presencia de un militar infiltrado entre los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Posturas oficiales ante el informe
La postura de la CNDH provocó el rechazo de las familias de las víctimas y motivó cuestionamientos en la esfera política.
Legisladores federales presentaron una solicitud formal para que el Senado de la República llame a comparecer a Rosario Piedra Ibarra, con el objetivo de que explique los criterios utilizados para la elaboración del documento.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum se deslindó públicamente del contenido de la recomendación y ordenó a la Secretaría de Gobernación realizar una revisión técnica detallada del informe emitido por el organismo autónomo.
Frente a las críticas, la CNDH publicó un pronunciamiento para defender su resolución, argumentando que el documento no busca exonerar a las Fuerzas Armadas y sosteniendo que el organismo carece de facultades legales para absolver o responsabilizar penalmente a cualquier institución.