- Por Caso Ayotzinapa, juez de control ratifica prisión preventiva en el Altiplano a Ángel Aguirre; fija cuatro meses para reunir las pruebas complementarias
El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Mario Elizondo Martínez, vinculó a proceso al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su presunta participación en el delito de desaparición forzada, relacionado con el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrido el 26 de septiembre de 2014.
De acuerdo con la resolución dictada la madrugada de este 12 de agosto, la autoridad judicial ratificó la prisión preventiva de oficio, por lo que el exmandatario permanecerá en el penal federal del Altiplano mientras avanza el proceso legal.
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La Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Ernestina Godoy, acusa al exgobernador de ordenar la destrucción de las grabaciones de las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala.

Según la dependencia, estos videos presuntamente registraron las agresiones y la detención de los estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014.
Durante la audiencia, que tuvo una duración de 14 horas, el juzgador fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.
En este periodo, que concluirá el cuatro de diciembre próximo, tanto la FGR como la defensa podrán aportar nuevos datos de prueba.
Caso Ayotzinapa: defensa dice que hay contradicciones
La defensa del imputado, encabezada por el abogado Guillermo Barradas, presentó 31 elementos para desacreditar la acusación.
El equipo legal argumentó que Ángel Aguirre no se encontraba en Guerrero el 29 de septiembre de 2014 a la hora señalada por la FGR, sino que mantenía una reunión en la Ciudad de México con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
De acuerdo con la FGR el 29 de septiembre de 2014, Ángel Aguirre solicitó borrar los videos relacionados con el caso Ayotzinapa.
Felipe Martin Ornelas Rebollo, excoordinador de Seguridad y Transporte Aéreo de Guerrero, testificó que trasladó al exgobernador a la capital del país a las 18:00 horas y que regresaron a Chilpancingo cerca de las 23:00 horas.
Esta versión contradice la declaración de Blanca María del Rocío Estrada Ortega, exvisitadora del Tribunal Superior de Justicia estatal.
La exfuncionaria aseguró ante el Ministerio Público que entregó los videos del Palacio de Justicia a Aguirre Rivero alrededor de las 20:30 horas en Chilpancingo.
Su defensa argumentó que se reunió el 29 de septiembre de 2014 con el entonces titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; sin embargo, fue desechada, toda vez que dicha reunión se llevó a cabo el 30 de septiembre de 2014.

Al finalizar la sesión, en la cual el exfuncionario se presentó en silla de ruedas para alegar padecimientos de salud, el imputado rechazó los señalamientos de la FGR.
“Tengo la conciencia tranquila y muy en paz”, declaró el exgobernador ante el juez de control.
Caso Ayotzinapa: otras líneas de investigación
De acuerdo con el Código Penal, el delito de desaparición forzada contempla sanciones de entre 40 y 60 años de prisión.

La normativa también establece multas de 10 mil a 20 mil días de salario cuando un servidor público oculta información sobre el paradero de una persona o se niega a proporcionarla.
La FGR mantiene otras líneas de investigación abiertas.
Uno de los elementos de la indagatoria apunta hacia Ernesto Aguirre, sobrino del exmandatario estatal.
La dependencia relaciona presuntamente a este familiar con el grupo criminal Guerreros Unidos y con la posesión de información sobre los hechos ocurridos en Iguala.
Ángel Aguirre gobernó Guerrero bajo las siglas del PRD y solicitó licencia definitiva a su cargo el 23 de octubre de 2014, semanas después de la desaparición de los estudiantes.
Agentes federales lo detuvieron el pasado seis de agosto, y un juez rechazó previamente la solicitud de su defensa para enfrentar el proceso en prisión domiciliaria.

