- El Consejo de Estado de Cuba decreta una normativa que aprueba la constitución de compañías privadas de gran tamaño, las cuales podrán tener más de 100 trabajadores; esta medida forma parte de un paquete de transformaciones económicas para hacer frente a la severa crisis que padece la isla
El Consejo de Estado de Cuba publicó el Decreto-Ley 133 que autoriza la constitución de empresas privadas en la isla con más de 100 trabajadores.
La norma es parte de las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas en junio pasado por el gobierno cubano.
Las empresas tendrán autonomía para fijar precios (respetando reglas y límites gubernamentales), podrán decidir el salario de los trabajadores y podrán asociarse con capital extranjero.
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Cuba busca transformar la economía de la isla
Con la publicación de esta norma en la Gaceta Oficial, la nueva figura legal entra en vigor en siete días y se suma a las micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que nacieron en el año 2021.
El paquete de transformaciones económicas busca liberalizar y descentralizar la economía cubana, la cual padece una profunda crisis desde hace seis años.
Reglas y autonomía para los nuevos negocios
Las nuevas compañías tienen autonomía para fijar sus precios, siempre y cuando respeten las reglas y los límites gubernamentales.
Además, los dueños de los negocios pueden decidir el salario de los trabajadores y asociarse con capital extranjero.
Según la información difundida, las empresas tendrán que realizar todo el movimiento de dinero en cuentas bancarias corrientes y comercializar sus productos o servicios en pesos cubanos.
La legislación permite las operaciones en divisas solo si existe una ley específica que avale dicha actividad.
Antes de recibir la aprobación del Estado, el Banco Central exige a los socios depositar el capital inicial en una cuenta transitoria y certificar la procedencia lícita de los fondos.
Asimismo, las compañías obtienen el derecho de abrir locales secundarios en cualquier provincia del país y pueden importar o exportar de manera directa, aunque necesitan una autorización del Ministerio de Comercio Exterior.
La normativa establece que los propietarios pueden ser ciudadanos cubanos, tanto residentes en la isla como en el exterior, y extranjeros residentes.
Sin embargo, el gobierno prohíbe que los funcionarios o dirigentes del Estado administren estos negocios.
Tampoco pueden participar personas con deudas o condenas por delitos incompatibles con el giro comercial.
La ley también exige a las empresas asumir una responsabilidad social para ayudar a la comunidad.
Cambios en cooperativas, educación y sector inmobiliario
En cuanto a las cooperativas, la legislación señala que pueden expandirse geográficamente y realizar actividades de importación y exportación con el aval del Mincex, operando siempre en pesos cubanos.
Por su parte, el trabajo por cuenta propia solo puede recibir colaboración familiar de forma puntual.
A estos trabajadores el gobierno les permite viajar al exterior hasta tres meses al año sin perder su licencia, pero deben bancarizar los salarios si deciden contratar personal.
El paquete de reformas también incluye la Resolución 30/2026 del Ministerio de Educación, la cual avala la apertura de guarderías y casas de cuidado infantil privadas.
Las personas cuidadoras deben aprobar un curso de capacitación, enseñar el respeto a los símbolos nacionales y mantener los valores acordes a la sociedad.
El gobierno también autoriza las clases particulares y los centros de idiomas, donde los profesores necesitan acreditar un nivel mínimo de B1 frente al Estado.
Los docentes de la educación pública pueden dar asesorías fuera de su horario laboral, pero tienen prohibido emitir diplomas o usar libros oficiales, y deben impartir clases gratuitas a niños vulnerables.
En el sector inmobiliario, los propietarios podrán rentar espacios a las nuevas empresas privadas y cooperativas.
Todo alquiler debe mantener un registro de huéspedes por cinco años, y si el inquilino es extranjero o cubano residente en el exterior, el dueño tiene la obligación de reportar los datos directamente al Ministerio del Interior.
Finalmente, estas transformaciones llegan en un momento donde Cuba enfrenta un bloqueo petrolero de Estados Unidos que inició en enero, sumado a una serie de sanciones adicionales.