- La Consejería Jurídica del Ejecutivo ponen a debate los lineamientos para los derechos de las audiencias; especialistas advierten riesgos de censura, mientras la administración defiende la protección de los derechos ciudadanos.
La presidenta Claudia Sheinbaum y la consejera jurídica Luisa María Alcalde abrieron a consulta pública un reglamento que sancionará a los medios de comunicación de radio, televisión y audio de paga que incumplan con la designación de defensores de audiencias y la adopción de un código de ética.
Reciente, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum propuso nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias que reabren el debate sobre los límites entre la regulación gubernamental y la libertad de expresión.
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A, B, C de los lineamientos sobre los derechos de las audiencias
Los nuevos lineamientos propuestos por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, bajo la Consejería Jurídica de Luisa María Alcalde, aplican a concesionarios de televisión abierta, radio, televisión y audio de paga, así como empresas programadoras comerciales públicas y sociales.
Por el momento, la prensa escrita, los portales digitales y las redes sociales están exentos de seguir el siguiente reglamento:
- Cada medio debe publicar un código de ética que incluya sus criterios editoriales, los mecanismos utilizados para designar a un defensor de audiencias y un paso a paso que explique el procedimiento para recibir quejas.
- Cada medio debe nombrar al menos a una persona defensora de las audiencias, quien deberá actuar con imparcialidad, independencia y sin conflictos de interés. En el caso de las televisoras y los radios comunitarios, indígenas o afromexicanos, la persona defensora deberá provenir de la misma comunidad.
- Cada medio debe mostrar una distinción clara mediante cortinillas, plecas o mensajes en pantalla entre los contenidos que son noticia, opinión o publicidad.
- Cada medio debe garantizar el derecho de réplica para quien considere que se difundió información falsa o inexacta sobre su persona.
- Cada medio debe incorporar medidas de accesibilidad para personas con discapacidad auditiva.
Sanciones económicas y procedimiento de quejas
El nuevo reglamento faculta a las defensorías para recibir denuncias del público, solicitar informes a las empresas y emitir recomendaciones en un plazo máximo de 20 días con el fin de reparar el daño ante cualquier vulneración de derechos.
Si el medio de comunicación ignora la resolución, el caso pasará a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).
Esta comisión, que forma parte de la Agencia de Transformación Digital del Poder Ejecutivo, cuenta con facultades para imponer sanciones económicas que van desde 0.01 por ciento hasta 1 por ciento de los ingresos anuales del concesionario en casos calificados como extremos.
Debate sobre la libertad de expresión
Ante la publicación de estas normas, la consejera jurídica Luisa María Alcalde negó que las reglas busquen censurar el contenido informativo y acusó la existencia de una campaña de desinformación.
Por su parte, Gabriel Sosa Plata, académico y defensor de audiencias, aseguró que los lineamientos representan una evolución porque reconocen que el público también tiene derecho a recibir contenidos respetuosos.
En contraste, organizaciones civiles expresaron preocupación por la redacción del documento.
Abigail Castellanos García, especialista de Artículo 19, advirtió que la ambigüedad en el artículo 12 —que obliga a evitar la difusión de información falsa— genera incertidumbre sobre qué autoridad determinará la veracidad de los datos periodísticos.
La organización Artículo 19 señaló que el artículo ocho contradice los estándares internacionales del Sistema Interamericano, el cual prohíbe imponer la veracidad como condición para ejercer la libertad de expresión.
La especialista concluyó que la dependencia de la CRT hacia el Poder Ejecutivo eleva el riesgo de que el mecanismo se utilice para retirar información crítica hacia autoridades gubernamentales bajo el argumento de descontextualización.