- Una investigación internacional documenta que EU deporta a más de 25 mil personas desde enero de 2025; destina millones de dólares para enviar a personas extranjeras a países con los que carecen de vínculos
El gobierno de Estados Unidos ha deportado a más de 25 mil personas migrantes a 35 países en los que carecen de vínculos, donde al menos 20 mil personas son de origen mexicano.
De acuerdo con los datos que recopiló la organización sin fines de lucro Forbidden Stories, en conjunto con un consorcio de periodistas internacionales, la administración estadounidense firmó acuerdos secretos con naciones en desarrollo para reubicar a las personas extranjeras.
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EU deporta a más de 25 mil personas desde 2025
El presidente Donald Trump implementó esta política migratoria desde que asumió su cargo en enero de 2025.
Hasta el 31 de agosto de 2026, los registros oficiales contabilizan que las autoridades estadounidenses trasladaron a 25 mil 447 personas hacia terceros países bajo este esquema operativo.
El gobierno estadounidense envió a la gran mayoría de este grupo, un aproximado de 20 mil individuos, directamente a territorio mexicano.
El Departamento de Estado distribuyó al resto de la población migrante entre otros 27 países ubicados en las regiones de América Latina, África y el Pacífico.
Financiamiento millonario para deportaciones
La investigación periodística detalló que el gobierno de Estados Unidos destinó 410 millones de dólares para sostener esta política de deportación.
Las autoridades entregan dichos recursos económicos de manera directa a los países receptores o a diversos organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de agilizar los traslados internacionales.
De la bolsa total prevista para sostener estos acuerdos, los documentos internos del Departamento de Estado muestran que 81 millones de dólares operan como un fondo destinado a los gobiernos signatarios.
Los lineamientos administrativos etiquetaron el capital restante para diversas organizaciones de ayuda humanitaria.
En el desglose de los recursos económicos, la indagatoria señala que el esquema asignó más de 178 millones de dólares para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y 123 millones de dólares para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Presiones diplomáticas
Para coordinar estas acciones logísticas, el gobierno estadounidense creó en mayo de 2025 una división específica dentro del Departamento de Estado que denominó como Oficina de Remigración.
El diplomático de 41 años Christian Jove Ehrhardt dirige esta dependencia y gestiona la mayoría de las negociaciones bilaterales y los pagos correspondientes con los gobiernos extranjeros.
Además de los incentivos económicos, un reporte de la agencia AFP reveló que Washington utiliza prohibiciones de visas y restricciones diplomáticas contra los países africanos para presionarlos y obligarlos a recibir a los grupos expulsados.
La investigación de Forbidden Stories precisó que los diplomáticos estadounidenses contactaron a 49 de las 54 naciones de África para evaluar su integración al plan de reubicación.
Diversos abogados especialistas en materia migratoria advirtieron que esta política internacional arroja a las personas deportadas a un limbo legal en los países receptores, ya que las autoridades locales las retienen sin cargos formales y les otorgan escasos derechos.
Las condiciones de los acuerdos varían según la nación receptora, e incluso algunos gobiernos aceptaron el ingreso de individuos con antecedentes penales.
Como parte de los acuerdos bilaterales, la pequeña nación insular de Palau firmó un tratado en diciembre de 2025 para aceptar hasta a 75 ciudadanos de terceros países a cambio de siete millones y medio de dólares.
En el caso de Esuatini, el acuerdo contempla la recepción de un total de 160 personas por un valor superior a los cinco millones de dólares.