- Una coalición de gobiernos de Estados Unidos, entre ellos Nueva York y 21 estados presentan una acción legal para bloquear la nueva regla del Departamento de Seguridad Nacional, que busca evitar que se denieguen tarjetas de residencia a solicitantes que utilicen programas de asistencia gubernamental
Nueva York y otros 21 estados de Estados Unidos anunciaron una demanda contra la administración de Donald Trump para bloquear una nueva norma del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que otorgaría mayor discrecionalidad a los funcionarios de inmigración para denegar tarjetas de residencia (green cards), visas o la entrada al país.
De acuerdo con CNN, el cambio en la regulación, cuya entrada en vigor está prevista para este viernes, afectaría a los solicitantes que utilicen o puedan llegar a necesitar beneficios públicos como cupones de alimentos, vales de vivienda o el programa Medicaid.
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Nueva York y 21 estados demanda Trump
De acuerdo con la oficina de la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, la demanda argumenta que el Departamento de Seguridad Nacional está excediendo su autoridad legal, ya que el Congreso estadounidense no aprobó una interpretación más amplia sobre lo que significa ser una “carga pública”.
Asimismo, los demandantes sostienen que la nueva regla es “arbitraria y caprichosa”, pues las autoridades ignoraron las consecuencias perjudiciales de su aplicación y no la justificaron adecuadamente.
La fiscal general James, junto con el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, anunciaron la acción legal tras advertir sobre los efectos disuasorios en la población.
“Las familias trabajadoras no deberían verse obligadas a prescindir del apoyo que necesitan por temor a que solicitar asistencia provoque su deportación”, afirmó James a través de un comunicado oficial.
Impacto económico en los estados demandantes
Los estados que impulsan el recurso legal señalaron que asumirán los costos de la política debido a que perderían miles de millones de dólares en fondos federales si las personas migrantes abandonan los programas de asistencia social.
Los documentos judiciales estiman que, a nivel nacional, los estados dejarán de percibir aproximadamente 4 mil 050 millones de dólares anuales destinados a transferencias de programas como Medicaid y CHIP, de los cuales cerca de 2 mil 200 millones corresponderían directamente a los estados demandantes.
El alcalde Mamdani advirtió que la medida afectará de manera desproporcionada a ciudades con grandes poblaciones de migrantes.
Por ello, gobiernos locales de Chicago, San Francisco, Seattle y los condados de Santa Clara y King también presentarán un recurso legal similar ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
La evolución de la norma de “carga pública”
La disposición conocida como “carga pública” tiene su origen en la Ley de Inmigración de 1882 y, tradicionalmente, los funcionarios solo contabilizaban los beneficios en efectivo para determinar si una persona dependería de la asistencia gubernamental.
Durante su primera administración en 2020, Donald Trump amplió los criterios para incluir programas no monetarios, una medida que el gobierno de Joe Biden revocó en 2022 para retomar la práctica histórica.
Sin embargo, la nueva disposición revoca la regla establecida por la administración anterior y amplía aún más los criterios de evaluación.
Según detalló Maddie Geschu, directora de políticas de la Coalición para la Protección de Familias Inmigrantes, la normativa que entra en vigor esta semana no especifica qué redes de seguridad social deben considerarse, limitándose a señalar cualquier beneficio sujeto a pruebas de recursos económicos, lo que permitirá a los agentes tomar en cuenta incluso la asistencia solicitada en nombre de familiares que son ciudadanos estadounidenses.
La demanda estatal, que incluye al Distrito de Columbia y a otras 20 entidades, no busca una indemnización económica, sino que solicita al tribunal federal que bloquee, invalide y prohíba al DHS la aplicación de esta norma.