La retórica de Donald Trump ha encendido nuevamente las alarmas al empujar una expansión en la definición legal de terrorismo en Estados Unidos. Esta medida, impulsada bajo el pretexto de garantizar la seguridad nacional, tiene como verdadero objetivo catalogar a los movimientos de izquierda y a los activistas sociales como organizaciones terroristas.
Como menciona la periodista Estefanía Veloz en su reportaje para Milenio, este tipo de narrativas no solo criminaliza la protesta y la disidencia, sino que crea un marco político altamente peligroso diseñado para perseguir a quienes se oponen a su agenda. Un claro ejemplo de esta estrategia de criminalización ha sido la insistencia de Trump en clasificar a “Antifa” —una red difusa de activistas antifascistas que no cuenta con un líder nacional ni con una organización centralizada— como una entidad terrorista a la par de grupos extremistas internacionales.
Al calificar a estos colectivos de desobediencia civil como “organizaciones enfermas y peligrosas”, el expresidente estadounidense abre la puerta para que las agencias de seguridad investiguen y persigan financieramente a quienes apoyen o participen en movilizaciones ciudadanas. En el fondo, esta expansión del concepto de terrorismo amenaza con desdibujar por completo la línea entre las verdaderas amenazas a la seguridad y el legítimo derecho a la protesta, vulnerando de manera directa las libertades civiles y sentando un precedente autoritario.