- Los familiares del militar de EU, Richard Halliday, asesinado en Ciudad Juárez en enero de 2025, acusaron a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, de mentir sobre el conocimiento de operativos de agencias extranjeras en la entidad y de mantener una coordinación no autorizada; la demanda se vincula al proceso por traición a la patria contra el exfiscal César Jáuregui
Familiares del militar de Estados Unidos, Richard Halliday, asesinado en enero de 2025 en Ciudad Juárez, denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por presuntamente mentir al negar que conocía la presencia de agentes extranjeros en el estado.
“Le escribimos en nuestra calidad de familia de una víctima de asesinato. Tenemos pruebas contundentes de que la gobernadora Maru Campos ha mentido a los fiscales federales y al público mexicano”, señaló la familia en el escrito enviado a la FGR el 27 de mayo de 2026.
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Según lo publicado por Animal Político, la familia del militar presentó la denuncia mediante un correo electrónico y afirmó contar con documentación que probaría que la mandataria recibía reportes directos de inteligencia desde al menos un año antes.
El 23 de mayo la gobernadora Maru Campos, a través de su cuenta de X, informó que había recibido un citatorio de la FGR por el asunto del narcolaboratorio en El Pinal, Chihuahua.
Aquella vez, dijo que “la persecución política” en su contra “continúa”: “protegen a los delincuentes y persiguen a quienes sí cumplimos con nuestro deber”.
Proceso a exfiscal confirma denuncia contra Maru Campos
De acuerdo con Animal Político, tras la detención del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui —a quien se le sigue proceso por su probable responsabilidad en el delito de traición a la patria—, se confirmó la denuncia contra la gobernadora de Chihuahua en la FGR.
La investigación contra el exfiscal de Chihuahua se originó a raíz de un accidente vehicular en la sierra de Chihuahua, donde fallecieron Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black, agentes de CIA tras participar en un operativo antidrogas sin autorización del gobierno federal. Tras el siniestro, la gobernadora declaró que desconocía la presencia de personal de inteligencia estadounidense hasta el día de los hechos.
Operaciones no autorizadas
Los familiares del militar de Estados Unidos sostuvieron que su hijo, clasificado por el Departamento del Ejército estadounidense con estatus de muerte “en acto de servicio”, fue asesinado en represalia por haber expuesto redes de tráfico criminal y operaciones militares irregulares.
En su denuncia, entregaron un archivo electrónico con fotografías, videograbaciones y audios, solicitando al Ministerio Público de la Federación requerir información al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Sedena y la Secretaría de Relaciones Exteriores para establecer antecedentes de la intervención de agencias extranjeras.
Asimismo, la familia citó como antecedente central un acuerdo firmado el 14 de abril de 2022 en Austin entre Maru Campos y el gobernador de Texas, Greg Abbott.
Los denunciantes argumentaron que estos pactos bilaterales al margen del Ejecutivo federal constituyeron una violación al artículo 117 de la Constitución y señalaron la participación de exfuncionarios estatales, como Alejandra de la Vega Foster, en presunto conflicto de interés para facilitar dichos enlaces.

Postura de las autoridades federales
Ante la presencia de elementos de la CIA en territorio nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que el gobierno federal y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no tenían conocimiento de la participación de personas extranjeras en las acciones operativas.
La mandataria subrayó que cualquier relación en materia de seguridad con Estados Unidos debe canalizarse de manera obligatoria a través del gobierno federal, y descartó en conferencia de prensa tener un pacto político con la gobernadora de Chihuahua para proceder contra el exfiscal Jáuregui, afirmando que la justicia está por encima de la política.
Hasta el momento, ni la presidencia de la República ni la Fiscalía han emitido un pronunciamiento oficial respecto a la denuncia interpuesta por la familia Halliday.

